La lucha contra la extorsión en México requiere un enfoque más contundente y efectivo. Aunque Morena presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa que condena a diez años de prisión por este delito, algunos expertos consideran que esta medida es insuficiente para abordar un problema social grave que ha alcanzado dimensiones alarmantes en el país.
La extorsión es, sin duda, uno de los flagelos sociales más preocupantes en México. En 2023, se ubicó como el tercer delito más frecuente a nivel nacional, con una tasa de 5,213 hechos por cada 100 mil habitantes. Esta realidad nos debe hacer reflexionar sobre la efectividad de las medidas que hemos implementado hasta ahora para combatir este problema.
La iniciativa presentada por Morena en el pasado miércoles busca endurecer las sanciones para aquellos que cometan delitos de extorsión. Sin embargo, algunos expertos consideran que esta medida es reducida y no aborda los verdaderos problemas que subyacen a este tipo de conducta. “La extorsión es un problema complejo que requiere una respuesta integral y multifacética”, afirma un especialista en Programas de Gobierno.
La condena de diez años de prisión puede parecer un castigo severo, pero hay que considerar que esta sanción no aborda la raíz del problema. La extorsión es un delito que se origina en la falta de oportunidades y recursos económicos para las personas que lo cometen. Por lo tanto, es necesario implementar políticas públicas que ataquen este problema en su base.
La lucha contra la extorsión requiere un enfoque que involucre a múltiples actores sociales, incluyendo a los gobiernos, las instituciones financieras y los ciudadanos. Es necesario crear programas de educación y capacitación para jóvenes y adultos, así como políticas públicas que fomenten el emprendimiento y la economía formal.
Además, es crucial fortalecer las estructuras de seguridad pública y judicial para abordar este problema. La confianza en los sistemas de justicia y seguridad es fundamental para que los ciudadanos se sientan protegidos y se atrevan a reportar casos de extorsión.
En conclusión, la lucha contra la extorsión en México requiere un enfoque más integral y multifacético. La condena de diez años de prisión puede parecer un castigo severo, pero es importante considerar que esta medida no aborda la raíz del problema. Es necesario implementar políticas públicas que ataquen el problema de la extorsión en su base y involucren a múltiples actores sociales. Sólo entonces podremos hacer un progreso significativo en la lucha contra este flagelo social.