Carlos Ramírez, socio director de Integralia Consultores, advierte que el creciente costo de las jubilaciones está reduciendo el margen presupuestario para atender las necesidades de niños y jóvenes. El envejecimiento de la población, el bajo crecimiento económico y la falta de reformas amenazan con profundizar una desigualdad que, asegura, todavía no ocupa un lugar central en el debate público mexicano.
México tiene un problema que todavía no termina de reconocer. Mientras su población envejece y los recursos públicos destinados a las pensiones aumentan, las generaciones más jóvenes enfrentan dificultades para acceder a una vivienda, encontrar empleos de calidad y obtener servicios de educación y salud. Es una tensión que ya se manifiesta en otros países y que, según Carlos Ramírez, socio director de Integralia Consultores, podría convertirse en una fuente creciente de malestar social en México.
“México ya tiene un problema, nada más que no nos hemos dado cuenta”, advirtió el especialista durante una entrevista con Ana Francisca Vega en MVS Noticias.
El diagnóstico parte de una transformación demográfica. Durante décadas, los sistemas de pensiones se apoyaron en una estructura poblacional con numerosos trabajadores jóvenes y una proporción relativamente pequeña de personas jubiladas. Sin embargo, la caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida están modificando ese equilibrio.
El resultado es una presión cada vez mayor sobre las finanzas públicas: los gobiernos deben destinar más recursos a las pensiones, la atención médica y los cuidados de los adultos mayores, mientras intentan responder a las necesidades de las nuevas generaciones.
Para Ramírez, el problema no es que el Estado proteja a quienes han envejecido, sino que lo haga sin garantizar oportunidades suficientes para quienes apenas comienzan su vida laboral.
Las protestas en Francia y el malestar de los jóvenes
Las recientes manifestaciones en Francia y otros países europeos sirvieron como punto de partida para la conversación.
Ramírez reconoció que el descontento juvenil responde a múltiples factores, entre ellos las dificultades para acceder a una vivienda, los problemas de integración migratoria, el desempleo y la polarización política. Sin embargo, considera que existe un componente menos visible que ayuda a explicar el deterioro de la confianza de los jóvenes en sus gobiernos: la distribución del gasto público entre generaciones.
“El gobierno está teniendo que destinar más recursos a la gente mayor, a los adultos mayores, ya sea para salud, para pensiones, para cuidados, y está descuidando el gasto en los jóvenes”, señaló.
A su juicio, el envejecimiento de la población obliga a los Estados a tomar decisiones presupuestarias cada vez más difíciles. Los recursos destinados a cubrir obligaciones pensionarias reducen el margen disponible para financiar políticas de vivienda, educación y desarrollo de capacidades.
El especialista advirtió que México avanza en esa misma dirección, aunque el conflicto todavía no se expresa con la intensidad observada en algunos países europeos.
“Más temprano que tarde, estas manifestaciones de malestar entre los jóvenes se van a sentir en América Latina y en México en particular”, sostuvo.
Se trata de una proyección del analista, no de una relación causal demostrada entre el gasto en pensiones y las protestas francesas.
El dilema de proteger a los mayores sin sacrificar a los jóvenes
La discusión plantea una pregunta incómoda para cualquier gobierno: ¿cómo garantizar una vejez digna sin comprometer las oportunidades de las siguientes generaciones?
Ramírez considera que el Estado tiene la obligación de atender a los adultos mayores, pero advierte que esa responsabilidad debe equilibrarse con la inversión en niños y jóvenes.
“No puede ser a costa de los niños y los jóvenes”, afirmó.
El problema, explicó, es que reducir los recursos destinados a educación, salud y formación de capital humano puede generar consecuencias que se extiendan durante décadas. Las generaciones que hoy reciben menos inversión pública podrían llegar a la edad adulta con menores capacidades productivas y oportunidades de desarrollo.
En ese contexto, el especialista planteó la necesidad de revisar los sistemas de pensiones y discutir mecanismos que permitan contener su presión presupuestaria.
Sin embargo, se mostró escéptico sobre la disposición del Gobierno mexicano para emprender nuevas reformas.
“No la veo, Ana Francisca, francamente no lo veo”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de que las autoridades adopten medidas para enfrentar el problema.
A su juicio, el Gobierno considera suficiente lo realizado durante el sexenio anterior en materia pensionaria y carece de incentivos políticos para abrir una discusión que podría provocar el rechazo de millones de beneficiarios.
“Si tú haces una reforma de pensiones, pues ¿quiénes se te van a enojar? Los adultos mayores, por supuesto, y esos votan”, señaló.
Una economía que crece poco y un gasto que aumenta
La presión demográfica coincide con otra debilidad estructural: el bajo crecimiento económico de México.
Durante la entrevista, Ana Francisca Vega planteó que una economía más dinámica permitiría generar mayores ingresos fiscales y aliviar parte de las tensiones presupuestarias. Sin embargo, el estancamiento limita la capacidad del Estado para atender simultáneamente las necesidades de distintos grupos de población.
Ramírez coincidió con ese diagnóstico.
“No crece la economía, los ingresos fiscales crecen lentamente y, en cambio, el gasto está creciendo mucho más rápido que los ingresos”, explicó.
El especialista describió un círculo vicioso en el que el gasto destinado a las generaciones mayores aumenta mientras la economía no genera suficientes recursos adicionales para ampliar la inversión en otras áreas.
En su opinión, incluso una mejora en el crecimiento económico no eliminaría por sí sola el problema, porque la tendencia demográfica continuará presionando las finanzas públicas.
La discusión, por tanto, no se limita al monto de las pensiones. También involucra la capacidad del país para crecer, recaudar impuestos y establecer prioridades presupuestarias sostenibles.
Los jóvenes tienen menos voz en las decisiones políticas
Uno de los elementos centrales del análisis de Ramírez es la desigualdad en la participación política entre generaciones.
Mientras los adultos mayores constituyen un grupo electoral relevante y organizado, los jóvenes participan menos en los canales institucionales y tienen menor capacidad para influir en las decisiones presupuestarias, sostuvo.
“Tenemos, digamos, esta situación de desequilibrio, de materialmente una batalla intergeneracional que no se nota”, afirmó.
El especialista considera que esa diferencia de participación produce incentivos políticos muy claros. Los gobiernos obtienen beneficios electorales al ampliar las transferencias destinadas a los adultos mayores, mientras que reducir o contener la inversión en programas dirigidos a jóvenes puede generar un costo político menor.
Como ejemplo mencionó la pensión para adultos mayores, a la que atribuyó parte del respaldo popular obtenido por el Gobierno actual y el anterior.
“Ha sido un éxito político gigantesco”, señaló.
Ramírez no cuestionó la necesidad de proteger económicamente a las personas mayores, pero advirtió que el éxito electoral de esos programas puede dificultar una discusión sobre el equilibrio del gasto público.
En su diagnóstico, la baja participación política juvenil contribuye a perpetuar el problema.
“La baja participación política de los jóvenes lo que propicia es una baja representación, poca voz y, por tanto, nadie les hace caso”, sostuvo.
Una crisis que todavía no estalla
La advertencia de Ramírez apunta a un conflicto que podría profundizarse conforme avance el envejecimiento de la población mexicana.
El especialista considera que los jóvenes todavía no identifican plenamente cómo las decisiones presupuestarias afectan sus oportunidades futuras. Esa falta de conciencia, sumada a su escasa participación política, permite que el desequilibrio continúe sin generar una presión social significativa.
Pero la situación podría cambiar si las dificultades para acceder a vivienda, empleo y servicios públicos se agravan.
La experiencia internacional, argumentó, muestra que el malestar puede acumularse hasta expresarse en protestas y un mayor rechazo hacia las instituciones democráticas.
Para México, el desafío consiste en anticiparse a esa tensión y abrir una discusión sobre el financiamiento de las pensiones, el crecimiento económico y la distribución de los recursos públicos.
El problema no admite soluciones sencillas. Reducir las obligaciones pensionarias puede afectar derechos y expectativas de millones de personas, mientras que mantener su crecimiento sin ajustes podría restringir otras prioridades presupuestarias.
Ramírez cree que el Gobierno mexicano no está dispuesto, por ahora, a asumir los costos políticos de esa discusión.
Su advertencia es que posponerla no hará desaparecer el problema: podría trasladar una carga cada vez mayor a las generaciones que hoy tienen menos influencia sobre las decisiones del país.
La pregunta de fondo ya no es únicamente cómo financiar las pensiones de quienes envejecen, sino qué oportunidades quedarán para quienes deberán sostener el sistema en el futuro.